La asociación Hostelería Riojana, integrada en la FER, ha anunciado que, junto con otras asociaciones y entidades del sector, impugnará ante la justicia la Ordenanza de Terrazas de la ciudad, que fue aprobada de forma definitiva este pasado jueves por el pleno del Ayuntamiento de la capital riojana.

Una norma, como han señalado en rueda de prensa el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez Berges, y el abogado del caso, Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, que afecta a las más de 500 terrazas de la ciudad, que consideran que "no está ajustada a derecho" y que, además, "está desequilibrada" en favor de las demandas vecinales.

En palabras de Bergés, "esta es una convocatoria en la cual no nos gustaría haber estado, siempre salimos y parece que siempre protestamos, cuando lo que de verdad nos gustaría a todos los que estamos es estar en nuestros negocios y no aquí, diciendo la verdad de esta aprobación que nos han hecho sobre las terrazas".

Una aprobación, ha asegurado, que "hemos estudiado durante mes y medio para darle al Ayuntamiento soluciones sobre el borrador que nos dieron". Alegaciones que, como ha asegurado Alonso, "ocupaban 22 folios, de los que nos han aceptado dos líneas".

"Hay muchísimas cosas que no entendemos", ha continuado Berges, quien ha advertido que las limitaciones establecidas van a suponer "menos recaudación, es decir, menos impuestos, menos dinero para los ciudadanos y menos servicios para todos", a lo que ha sumado la posibilidad de tener que recortar empleos".

A su juicio, "estamos aquí porque nos pisan siempre a los mismos, y lo hacen cada dos por tres", mientras que ha puesto como ejemplo "lo que ocurre en otras ciudades, como Castellón, Rota o Cádiz, donde, para promocionar el turismo, las terrazas son gratis".

Buena parte del problema, para los hosteleros, se concentra en el recorte horario, no tanto por el adelanto del cierre en sí -aunque se hapreguntado Bergés "¿dónde se va a meter la gente cuando cerremos? Porque no se van a ir a casa, así que más botellón y más ruido en la calle", ha afirmado-, como por que ese horario incluya la recogida total de la terraza.

Como ha reseñado Alonso, "las asociaciones de hosteleros eran conscientes de que se tenían que reducir cosas con la nueva norma, y se ha aceptado tener menos superficie -de 120 a 100 metros máximo-, ajustar la terraza al local o incluso, a reducir horarios, pero se ha jugado mucho con este concepto, y la reducción ha sido al final mucho más notable que lo que se decía".

En este sentido, han calculado "unas diez horas y media a la semana, 43 horas menos al mes", incluyendo además que "es de las pocas ordenanzas que no contempla un cambio de horario entre invierno y verano".

"¿Quién va a querer sentarse un 23 de julio en una terraza a tomarse un café a las 11 de la noche si en un cuarto de hora le van a levantar para empezar a recoger y a cerrar la terraza? Pues nadie", ha subrayado Bergés.

Por eso, consideran que "la ordenanza tiene una finalidad legítima, que es conciliar intereses en conflicto, pero no alcanza ese equilibrio, la balanza se desequilibra claramente para un lado", en referencia a las demandas vecinales. "Perjudica a todo el mundo", han asegurado.

De ahí, la impugnación ante los tribunales, que, en todo caso, ven "complicada" porque, en el caso de los horarios, "no es una decisión técnica, sino política, es discrecional", en lo que un juzgado sería más difícil que entrara a valorar.

Algo más posible -"por ser algo técnico"- parece lo relacionado con la recogida de los elementos de la terraza -sobre todo, sombrillas de gran tamaño- que deben guardarse dentro del local, una obligación que consideran difícil de cumplir, tanto por el volumen de estos elementos como porque "hay que meterlos cuando todavía hay gente dentro del local, que tiene otro horario diferente al de la terraza".

"La razón para acudir a los tribunales es doble -ha resumido para finalizar el abogado del caso- porque no nos resignamos sin más y queremos que la oposición a la ordenanza sea visible en todos los ámbitos, también en el judicial. Y porque vamos a buscar cualquier engarce jurídico para que se determine que esta norma no es ajustada a derecho".

Fuente Europa Press