ATRADIS quiere manifestar, tras la publicación en el BOE del Decreto-ley del Plan de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio, su “profunda decepción” al contenido de la norma, calificando incluso de "perjudicial" la aplicación de algunas de las medidas aprobadas para el sector del transporte por carretera.

Tras analizar el texto legal aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, ATRADIS pone de relevancia la injusta desproporción en el reparto de las ayudas aprobadas. Mientras que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el cien por cien del impacto de la subida de la gasolina derivada de la guerra de Irán, en el caso de los vehículos profesionales del transporte por carretera, las ayudas solo amortiguarán menos del 50% del sobrecoste real que están soportando pese a ser el colectivo más afectado por la guerra de Irán, y sin incluir  el impacto ocasionado en estas 3 semanas de guerra que ha supuesto un sobrecoste para el sector cercano a los 250 millones de euros por la subida del diésel.

Se da además la paradoja de que, pese a que la bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro (idéntica a la aprobada en 2023 pese a que en aquel momento el gasóleo estaba 20 céntimos más barato que ahora), en la práctica esta ayuda se verá reducida en un 25% al eliminar el Decreto-ley la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007 (lo que suponía, hasta ahora, una bonificación de 5 céntimos/litro). Por ello, la ayuda queda reducida a 15 céntimos/litro. Es, por tanto, falso que las medidas vayan dirigidas a apoyar a los sectores profesionales más afectados por la crisis en Oriente Medio, como se recoge en propio Decreto.

Pero es que además el Decreto aprobado imposibilita en la práctica que los transportistas puedan repercutir en sus clientes todos los incrementos de costes derivados de la subida del diésel, que supone más de un 30% desde que se inició la guerra. De hecho, las medidas aprobadas perjudican gravemente la capacidad de los transportistas para trasladar el incremento del precio de los carburantes mediante la aplicación de la fórmula de repercusión de la variación del combustible que prevé la regulación sectorial, que fue aprobada en 2022 con ocasión de la guerra de Ucrania. El Decreto-ley del “Plan de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio”  no actualiza el porcentaje que el diésel representa a día de hoy en los costes de explotación de los vehículos de transporte (debería aumentar el porcentaje del 30% al 40%, por lo menos)  y  reduce el precio de los carburantes al quitarles impuestos por el efecto de las medidas aprobadas (la “calculadora” del Ministerio utiliza el precio final del gasóleo para establecer los porcentajes de incremento, incluidos impuestos, que hora quedara reducido por el descuento del 50% del IVA y de parte del Impuesto de Hidrocarburos), que es el que se toma de referencia para aplicar dicha fórmula, la aplicación del Decreto-Ley obligará a los transportistas a renunciar a la repercusión de gran parte de dichos incrementos (o de todos), dejándolos en una situación de total indefensión y desamparo frente a sus clientes, agravando su precaria situación económica.

Ante este escenario de asfixia económica para el sector del transporte por carretera y la absoluta insuficiencia de las medidas aprobadas, ATRADIS advierte de posibles movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no reacciona y rectifica estas medidas antes de que finalice este mes de marzo. “El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación” advierten desde ATRADIS.