Casi 14.000 compañías han suspendido pagos desde que el Gobierno anunció que cambiaría la norma.

Casi 14.000 empresas que han entrado en concurso desde que el Gobierno empezó a preparar la reforma de la Ley Concursal en 2009, que aprobó el Congreso el pasado 27 de julio. Otras tantas compañías sufren un deterioro que desearían paliar con la reforma desde entonces. Y, según explican los despachos de abogados que ha consultado este diario, hay numerosas compañías en vilo porque desean acogerse a alguna de las fórmulas que contiene el Proyecto y el retraso en la tramitación las tiene en vilo.

Estos bufetes certifican que estas empresas pertenecen al sector industrial. Ya no se trata de constructoras o promotoras inmobiliarias. Son compañías importantes, de gran tamaño y entre ellas, se encuentra alguna cotizada.

Desearían poder acogerse a algunas de las novedades de la nueva regulación de los acuerdos de refinanciación.

Por ejemplo, al llamado scheme of arrangement, que permite a las mayorías sacar adelante los acuerdos de refinanciación sin que los torpedeen las minorías como pasa ahora. Esta fórmula, que se importa de Reino Unido, blinda los acuerdos del 75% del pasivo, cuando en España hasta este momento era necesario contar con el 100%, por lo que es un paso importante en la gestión extrajudicial de la insolvencia del deudor.

Pero sólo se hizo para los acreedores no privilegiados, lo que constituía una adaptación débil de la norma británica. Se pensaba que el texto definitivo iba a introducir el verdadero scheme of arrangement, el que incluye a los acreedores privilegiados.

Como no se ha ampliado, las empresas seguirán teniendo que ir a Londres para asegurar sus refinanciaciones. En concreto, sólo podrán hacer el viaje las compañías que tengan un contrato sindicado con bancos británicos o que hayan firmado el acuerdo bajo Derecho inglés. También Francia emitió un Decreto el pasado octubre en el que introdujo una medida similar.

Pero hay más. No sólo no mejoró el Anteproyecto la regulación inicial como esperaban las empresas, sino que la empeoró. La norma que salió de Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre atribuía al juez la posibilidad de paralizar las ejecuciones durante el tiempo que considerara necesario, que podría extenderse durante dos o tres años. El nuevo texto de marzo dice que se paralizan las ejecuciones sólo durante un año, lo que quita seguridad a las empresas, que necesitan más de ese tiempo para refinanciarse a medio plazo.

 

Pero son muchas las empresas que esperaban que la norma entrara en vigor antes de la fecha prevista ahora, el 1 de enero de 2012. Consciente del problema Economía preparaba un Decreto para suplir el retraso en el que incorporar las reformas preconcursales. Sin embargo, al final se ha inclinado por que entren en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley en el BOE en septiembre.

Leopoldo Pons, presidente del REFor del Consejo General de Colegios de Economistas, certifica que “los bancos no acuden a la ley e intentan buscar soluciones individuales al margen”.

A su vez, Antonio Fernández Rodríguez, socio director de Reestructuraciones de Garrigues, considera que “la reforma llega muy tarde en la medida en que el fuerte deterioro de una parte importante del tejido empresarial a estas alturas de la crisis implica que las refinanciaciones o no quepan ya o sean insuficientes para superar ese deterioro”.

Así, Fernández concluye: “Hace tres años una herramienta de reestructuración financiera como la que ahora se propone de la homologación judicial de los acuerdos hubiese servido para refinanciar y salvar tejido empresarial, pero ahora llega tarde, cuando el daño se ha consumado y hacen falta herramientas de reestructuración más fuertes como el concurso, que permite abordar simultáneamente la reestructuración operativa de actividades económicas”.

La tramitación

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 27 de julio con la abstención del PP la reforma de la Ley Concursal, con una disposición adicional por la que el Ejecutivo se compromete a desarrollar una norma que cubra el sobreendeudamiento de los particulares.

También sigue adelante hacia el Senado la previsión de que haya un único administrador que no requiere experiencia previa. Muchas empresas esperaban que la norma entrara en vigor antes. Por ello, Economía preparaba un Decreto, pero al final se ha inclinado por que entren en vigor los institutos preconcursales al día siguiente de la publicación de la Ley en el BOE.

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