Federación de Empresas de la Rioja

Nota técnica Real Decreto Ley 25/2020 Medidas reactivación económica sectores turístico y automovilístico y nuevas líneas de avales

El 6 de julio de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (“RDL 25/2020”), que entrará en vigor el día 7 de julio.

 

El RDL 25/2020 establece una serie de medidas, principalmente de carácter económico, que amplían y desarrollan las ya adoptadas mediante los Reales Decretos-leyes aprobados en los últimos meses para impulsar la reactivación económica tras la finalización del estado de alarma aprobado en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Real Decreto 463/2020”), y sus respectivas prórrogas.

 

Entre otras medidas, el RDL 25/2020

  1. establece la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas;
  2. aprueba una línea de avales que tiene por objetivo fomentar la financiación dirigida a la inversión;
  3. incluye un paquete de medidas destinadas a apoyar al sector turístico, entre las que destaca la aprobación de una moratoria sobre el pago del principal de los préstamos con garantía hipotecaria sobre inmuebles afectos al desarrollo de actividades del sector turístico;
  4. regula el Plan Renove 2020 consistente en incentivar la adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías disponibles, que permita la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales.

 

1. Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas

 

El RDL 25/2020 crea un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (el “Fondo”), que estará dotado inicialmente con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

 

Aunque el funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del Fondo, así como las condiciones aplicables y requisitos a cumplir en estas operaciones de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas se determinarán en los próximos días por Acuerdo de Consejo de Ministros, el RDL 25/2020 adelanta los aspectos principales de estas cuestiones, que se analizan a continuación.

 

A. Objeto y destinatarios

 

El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no financieras, que:

  1. atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19; y
  2. sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

 

Entre los motivos que justifican esta consideración como empresas estratégicas, el RDL 25/2020 señala, ente otros, su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

 

B. Naturaleza jurídica, normativa aplicable y compatibilidad con ayudas de Estado

 

El Fondo carece de personalidad jurídica y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un consejo gestor de nueva creación (el Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas), adscrito al Ministerio de Hacienda. En todas las operaciones y acciones relativas al Fondo, SEPI actuará en nombre y representación de la Administración General del Estado, ejerciendo de depositario de los títulos y contratos representativos de las operaciones de activo realizadas, así como ejerciendo los derechos que como administrador pudiera corresponder a la participación de la Administración General del Estado.

 

El Fondo se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el propio RDL 25/2020 y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le resulten de aplicación, y se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que el pasado 8 de mayo la Comisión Europea aprobó la modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado por la Comunicación de la Comisión Europea de 19 de marzo de 2020 (“Marco Temporal”). La principal novedad que se incluía en esta modificación del Marco Temporal es que establecía los criterios que la Comisión Europea aplicará para permitir a los Estados miembros prestar apoyo público en forma de capital social y/o instrumentos de capital híbridos a empresas que se enfrentan a dificultades financieras debidas al brote de COVID-19.

 

En línea con esta normativa, el RDL 25/2020 establece que las operaciones financiadas por el Fondo se ajustarán a la normativa de Ayudas de Estado de la Comisión Europea y en particular, al Marco Temporal.

 

Debe recordarse que el Marco Temporal establece determinados requisitos que deberán tener en cuenta los potenciales beneficiarios del Fondo y de las medidas de recapitalización que se adoptasen, entre las que cabe recordar, por su relevancia, las siguientes:

  1. Mientras las medidas de recapitalización no hayan sido totalmente amortizadas, los beneficiarios no podrán efectuar pagos de dividendos, ni pagos de cupones no obligatorios, ni recomprar acciones, salvo en relación con el Estado.
  2. Mientras no se haya reembolsado al menos el 75% de las medidas de recapitalización, la remuneración de cada miembro de la dirección de los beneficiarios no debe superar la parte fija de su remuneración a 31 de diciembre de 2019. Para las personas que se conviertan en miembros de la dirección en el momento de la recapitalización o después de ella, el límite aplicable es la remuneración fija más baja de cualquiera de los miembros de la dirección a 31 de diciembre de 2019. En ningún caso se pagarán primas ni otros elementos de remuneración variable o comparable.

 

C. Acceso al Fondo, instrumentos y funcionamiento

 

El Fondo, cuya dotación inicial asciende a 10.000 millones de euros, se articulará a través distintos instrumentos en función de cada caso particular, como son, entre otros:

  1. la concesión de préstamos participativos;
  2. la adquisición de deuda subordinada; o
  3. la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.

 

Serán las propias empresas interesadas las que deberán solicitar acceso al Fondo. La competencia para resolver sobre estas solicitudes corresponde al Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la aprobación de las operaciones. Desde la presentación de la solicitud, el plazo máximo para resolver será de seis meses, y una vez transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones del Consejo Gestor pondrán fin a la vía administrativa y frente a ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

 

El importe de los dividendos, intereses, plusvalías y otras remuneraciones que resulten (a) de las inversiones u operaciones que se realicen, (b) de la participación, en su caso, en los órganos de administración de las empresas solicitantes, o de (c) las desinversiones y reembolsos efectuados se integrará en el Tesoro Público y tendrá la consideración de ingreso de derecho público.

 

Es importante señalar que la adquisición de las participaciones en el capital social de estas empresas con cargo al Fondo quedará exenta de la obligación de formular oferta pública de adquisición en los supuestos previstos en los artículos 128 y 129 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

 

 

2. Línea de avales

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (“RDL 8/2020”) aprobó una primera línea de avales por cuenta del Estado, por importe total de hasta 100.000 millones de euros. El objetivo de esta línea de avales era garantizar el endeudamiento financiero asumido por empresas y autónomos, en relación con sus necesidades de circulante y liquidez, con la finalidad de paliar los efectos adversos derivados de una crisis de liquidez del tejido empresarial que traen causa del COVID-19.

 

Ahora, el RDL 25/2020 establece en su artículo 1 la creación de una nueva línea de avales, que otorgará el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a la financiación concedida por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos. El objetivo de esta nueva línea de avales es diferente, ya que estará destinado a atender, principalmente, las necesidades financieras de estas empresas y autónomos derivadas de la realización de nuevos proyectos de inversión del tejido productivo.

 

Esta nueva línea de avales será también canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y los avales podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2020 por un importe máximo de 40.000 millones de euros.

 

Las características específicas de la línea de avales, los porcentajes de cobertura y su distribución por tramos se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros en las próximas semanas, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación. En todo caso, se ha adelantado que está previsto replicar el modo de aprobación y gestión de la anterior línea de avales, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

 

3. Medidas de apoyo al sector turístico

 

A. Moratoria hipotecaria para el sector turístico

 

El RDL 25/2020 establece una nueva moratoria sobre el pago del principal de los préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad turística, aplicable a aquellos trabajadores autónomos y personas jurídicas con domicilio social en España que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 (la “Moratoria Turística”).

 

  1. Ámbito de aplicación de la Moratoria Turística

 

La Moratoria Turística será aplicable a los contratos de préstamo sujetos a ley española que cuenten con garantía hipotecaria constituida sobre un inmueble que se encuentre afecto al desarrollo de una actividad del sector turístico ejercida en territorio nacional, solo cuando dichos contratos de préstamo estuvieran suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, y siempre que:

  • estén contratados por trabajadores autónomos y personas jurídicas con domicilio social en España que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19; y
  • dicho préstamo no haya sido objeto de alguna de las moratorias aprobadas por el RDL 8/2020, el Real Decreto-ley 19/2020 u otras moratorias acordadas voluntariamente entre el deudor y el acreedor tras la entrada en vigor del Real Decreto 436/2020.

 

En caso de que el préstamo haya sido objeto de alguna de estas moratorias por un plazo inferior a doce (12) meses, el deudor podrá beneficiarse de la Moratoria Turística durante el tiempo restante hasta alcanzar un máximo de doce (12) meses. Además, en el caso de haberse acordado una moratoria voluntaria entre el deudor y el acreedor, el deudor podrá renunciar a la misma para beneficiarse de la Moratoria Turística.

 

  1. Definición de “actividad del sector turístico” y “dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19”

 

A los efectos del RDL 25/2020, se entiende por actividad del sector turístico aquella que esté incluida en alguno de los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE): 5510 (Hoteles y alojamientos similares), 5520 (Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia) y 7911 (Actividades de agencias de viajes).

 

Se considera que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria cuando los deudores hipotecarios a los que se refiere el RDL 25/2020 hayan sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de, al menos, un 40% en el promedio mensual de los mismos meses del año 2019.

 

La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, lo cual podrá hacerse a través de:

  1. la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas,
  2. del libro diario de ingresos y gastos,
  3. del libro registro de ventas e ingresos, o
  4. del libro de compras y gastos. En caso de trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros indicados, deberán acreditar la reducción exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

 

No se considerará que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria cuando:

  • el préstamo se encuentre en mora a la entrada en vigor del RDL 25/2020, habiendo sido objeto de impago (ya sea total o parcial) de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020; y
  • se hubiera declarado el concurso de acreedores del deudor con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 436/2020.

 

  1. Condiciones para solicitar la Moratoria Turística

 

Plazo: La Moratoria Turística podrá ser solicitada desde el 7 de julio y hasta el 30 de septiembre de 2020.

 

Junto con la solicitud, los deudores deberán acreditar:

  • el objeto social;
  • su domicilio fiscal;
  • el código CNAE de su actividad;
  • que el inmueble se halla directamente afecto al desarrollo de una actividad del sector turístico; y
  • que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho extremo se acreditará de conformidad con lo establecido en el apartado 3.A.(ii).

 

Una vez realizada la solicitud de la Moratoria Turística por el deudor y acreditados los extremos requeridos, el acreedor procederá a la aplicación de la misma automáticamente, formalizando la novación de conformidad con las reglas generales.

 

  1. Efectos de la Moratoria Turística

 

La Moratoria Turística produce los siguientes efectos:

  • La Moratoria Turística será de aplicación a las cuotas vencidas e impagadas desde el 1 de enero de 2020 y conllevará la suspensión de los pagos del principal del préstamo durante el plazo solicitado por el deudor (hasta un máximo de 12 meses), sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas.
  • Para la devolución del importe aplazado, el deudor podrá optar entre:

 

    • la redistribución de las cuotas, sin modificación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de interés aplicable; o
    • la ampliación del plazo de vencimiento en un número de meses equivalente a la duración de la Moratoria Turística que solicite el deudor.
  • En caso de ampliación del plazo inicial del préstamo, la inscripción de dicha novación tendrá plenos efectos frente a los acreedores intermedios inscritos, aunque no cuente con el consentimiento de estos.
  • La aplicación de la Moratoria Turística se extenderá a los avalistas, sin necesidad de que la consientan o puedan oponerse a la misma.
  • Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la Moratoria Turística no se considerarán vencidos.
  • El principal del préstamo cuyo pago se aplaza devengará los intereses ordinarios establecidos en el contrato de préstamo durante la aplicación de la Moratoria Turística.
  • El reconocimiento de la aplicación de la Moratoria Turística no estará sujeto a lo previsto en la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
  • Las empresas que soliciten la Moratoria Turística no podrán distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en ninguna forma hasta que haya finalizado la Moratoria Turística.

 

  1. Moratoria Turística en el supuesto arrendamiento de los inmuebles afectos a la actividad turística

 

En el caso de que el deudor hipotecario solicite la aplicación de la Moratoria Turística, si el inmueble afecto a la actividad del sector turístico ha sido objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la Moratoria Turística deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de, al menos, un 70% de la cuantía de la Moratoria Turística. Ello siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya por acuerdo entre ambas partes.

 

En caso de que no concurran en el deudor hipotecario las dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que se mencionan en el apartado 3.A.(ii), pero sí concurran en el arrendatario, el arrendatario podrá instar de su arrendador la solicitud de la Moratoria Turística. Para ello, el arrendatario proporcionará al arrendador la información necesaria para acreditar los extremos que permiten la aplicación de la Moratoria Turística. En este caso, la prohibición de distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital hasta que haya finalizado la Moratoria Turística aplicará al arrendatario y no al deudor.

 

  1. Consecuencias de la aplicación indebida de la protección prevista en el RDL 25/2020

 

 

El deudor que se hubiese beneficiado de la Moratoria Turística sin reunir los requisitos previstos en el RDL 25/2020, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar (e.g. responsabilidad penal). El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación indebida de la norma.

 

B. Sistema extraordinario de financiación de proyectos para la transformación digital e innovación del sector turístico

 

Los artículos 11 y siguientes del RDL 25/2020 establecen las bases reguladoras de una línea extraordinaria de financiación, destinada a la concesión de apoyo financiero a empresas privadas y trabajadores autónomos del sector turístico afectadas por perjuicios económicos surgidos a raíz del COVID-19, en el desarrollo de proyectos de transformación digital e innovación.

 

Esta línea extraordinaria de financiación, cuya dotación presupuestaria será de 216 millones de euros para el ejercicio 2020, será de aplicación a los proyectos o actuaciones que se efectúen en cualquier parte del territorio nacional, y cubrirá las necesidades de inversión en materia de transformación digital e innovación de las empresas turísticas afectadas por la crisis del COVID-19.

 

Este sistema extraordinario de financiación se establece al amparo del Marco Temporal y de los Acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 26 de marzo y 17 de abril de 2020, por los que se aprueba la notificación a la Comisión Europea del marco nacional temporal I y II.

 

Beneficiarios: Podrán acogerse a la financiación establecida en estas bases los trabajadores autónomos y las sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y que no formen parte del sector público, que hayan resultado afectados por perjuicios económicos surgidos a raíz del brote de COVID-19, y que desarrollen una actividad del sector turístico.

Los proyectos que podrán beneficiarse de esta financiación son los siguientes:

  1. proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas; o
  2. proyectos de investigación, desarrollo e innovación turísticos, siempre que no comporten una simple aplicación de investigaciones, desarrollos o innovaciones ya realizados.

Serán financiables los gastos de personal, costes de instrumental y material inventariable, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia y gastos generales suplementarios.

El presupuesto financiable mínimo será de 50.000 euros, y serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Como excepción, para proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, se podrán financiar solo las actuaciones necesarias realizadas desde esa fecha para acelerar o ampliar el alcance el proyecto.

C. Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

El RDL 25/2020 establece en su Disposición adicional cuarta que las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que (i) generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020; y que (ii) inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuos, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

Las bonificaciones de cuotas se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre su vinculación al sector del turismo. Estas bonificaciones serán compatibles con las exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social. El importe resultante de aplicar las exenciones y estas bonificaciones no podrán, en ningún caso, superar el 100 por 100 de la cuota empresarial que hubiera correspondido ingresar.

 

D. Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos

 

El RDL 25/2020 crea además el instrumento denominado “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”, para la prestación, por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, de apoyo a la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad.

 

4. Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020)

 

Se regula la concesión directa de ayudas, en forma de subvenciones, para incentivar la adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías disponibles, que permita la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales.

 

Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing operativo) de un vehículo nuevo, que deberá adquirirse y estar matriculado en España a partir del 15 de junio de 2020, inclusive. También se posibilita

la adquisición directa a partir de esa misma fecha de un vehículo seminuevo, que deberá ser previamente titularidad de un concesionario y matriculado en España a su nombre con fecha posterior al 1 de enero de 2020.

 

Este programa es incompatible con el Plan MOVES.

 

A. Vigencia del Plan y plazos

 

El programa surtirá efectos desde el 15 de junio de 2020, y finalizará el 31 de diciembre de 2020, o cuando se agoten los importes disponibles.

 

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comprenderá desde el día de activación del sistema telemático de gestión de ayudas del Programa hasta el 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive, o hasta que se agoten los presupuestos.

 

La fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será convenientemente notificada a través del portal del PLAN RENOVE 2020.

 

B. Beneficiarios

 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el PLAN RENOVE 2020, siempre que acrediten estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

  1. Los profesionales autónomos.
  2. Las personas físicas mayores de edad residentes en España
  3. Las empresas privadas, que tengan un establecimiento válidamente constituido en España en el momento de presentar la solicitud y no se encuentren en situación de crisis, y otros tipos de personas jurídicas tal que su número de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.

 

C. Condiciones administrativas y técnicas

 

Para poder adquirir un turismo o vehículo comercial ligero acogiéndonos a este programa es necesario cumplir una serie de requisitos en términos de emisiones y administrativos, los cuales son:

  • Adquisición de un vehículo nuevo o matriculado a partir del 1 de enero de 2020.
  • Etiqueta medioambiental de la DGT clase CERO (eléctricos, pila de combustible o híbridos enchufables con una autonomía de más de 40 km), ECO (híbridos, micro-híbridos o GLP/GNC) o C (diésel y gasolina) y una calificación energética del IDAE clase A o B.
  • Deben tener unas emisiones inferiores a 120 g/km de CO2 (155 en el caso de vehículos comerciales ligeros), o que se traten de vehículos de energías alternativas.
  • Achatarramiento de un vehículo de al menos 10 años de antigüedad, con ITV en vigor y cuya titularidad sea del beneficiario de la ayuda o de un familiar de primer grado, y no haya cambiado en el último año.
  • Precio máximo de 35.000 €, el cual podrá ser de hasta 45.000 € en el caso de contar con la etiqueta CERO o estar adaptado a personas con movilidad reducida.
  • Esta ayuda se limita a un beneficiario por persona física o 30 en el caso de personas jurídicas.

 

D. Cuantía de las Ayudas

 

Las diferentes ayudas para particulares y autónomos por parte del Gobierno para la compra de un turismo son:

 

  • Etiqueta CERO: 4.000 €
  • Etiqueta ECO y calificación A: 1.000 €
  • Etiqueta ECO y calificación B: 600 €
  • Etiqueta C y calificación A: 800 €
  • Etiqueta C y calificación B: 400 €

 

En el caso de adquirir un vehículo comercial ligero de menos de 2.500 kg de MMTA la subvenciones para particulares y autónomos serán de 4.000 € (etiqueta CERO), 1.200 € (etiqueta ECO) y 1.000 € (etiqueta C), cuantías que asciendes hasta los 2.700 € y 2.100 € en los dos últimos casos si la MMTA es superior a 2.500 kg, manteniéndose esos 4.000 € para etiqueta CERO.

 

Además, se contempla un incremento de 500 € en las cantidades anteriores en el supuesto de que el vehículo achatarrado tenga más de 20 años o para beneficiarios con movilidad reducida o con unos ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales.

 

Por último, la marca deberá ofrecer un descuento igual al aportado por el Estado, salvo en el caso de vehículos con etiqueta CERO, que será de 1.000 €.

 

5. Otras medidas: suspensión del derecho de separación

 

La Disposición final cuarta modifica en su apartado tres el artículo 40.8 del RDL 8/2020.

Hasta ahora, este artículo establecía la suspensión del derecho de separación de los socios de las sociedades de capital, aunque concurriese causa legal o estatutaria, hasta que finalizase el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.

Ahora, una vez vencidos estos plazos, el nuevo párrafo del artículo 40.8 suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 el derecho de separación previsto en los apartados 1 y 4 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, relativo al derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.

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