Federación de Empresas de la Rioja

UGT quiere implantar el sistema comunista en el urbanismo riojano y rescatar el caso de la cooperativa PSV, que estafó a miles de familias

 

CPAR lamenta la demagógica propuesta de intervención pública de la construcción que ha lanzado en el día de hoy UGT La Rioja.
 
Dicha propuesta se resume en que UGT quiere que las administraciones públicas intervengan absolutamente el sector económico de la construcción, expropiando si es necesario, para poner a su disposición suelo público a precio político para que pueda constituir cooperativas de vivienda de las que lucrarse como promotor privado.
 
Parece como si Javier Granda quisiera reeditar en La Rioja el sistema de cooperativa de Promoción Social de Viviendas (PSV), que sirvió para financiar al sindicato y hacer política barata, y que acabó con alguno de los dirigentes de la UGT en la cárcel por estafa y una responsabilidad civil subsidiaria del sindicato miles de millones.
 
Además, la propuesta de UGT es un conjunto de lugares comunes, inexactitudes y pura demagogia para confundir a los ciudadanos.
 
En primer lugar, el reconocimiento de la vivienda que se hace en la Constitución no es un derecho subjetivo ejercitable ante las Administraciones públicas y Tribunales de Justicia sino un principio rector de la política social y económica que termina con la aprobación de los distintos planes de vivienda y ayudas al acceso a la vivienda.
 
CPAR está de acuerdo en que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, pero no necesariamente en propiedad. Sin embargo, CPAR no está de acuerdo con que se proponga la abolición de la propiedad privada y la intervención del mercado del suelo y de la vivienda. La Rioja no puede ser un sistema comunista. Estos sistemas han fracasado rotundamente, porque la iniciativa privada cumple un papel social fundamental.
 
 
En segundo lugar, es inviable aumentar la proporción de vivienda protegida por varias razones. Desde un punto de vista económico, el coste real de la VPO lo pagan los compradores de vivienda libre, algo que es absolutamente injusto. Además, ninguna Administración Pública tiene recursos económicos suficientes para promover VPO pública de la que ya realizan. Desde un punto de vista social, no se necesita más VPO puesto que ni si quiera la que hay se está vendiendo.
 
En tercer lugar, la Constitución española reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada. Por este motivo, a CPAR le parece inconcebible que UGT pida que se obligue a los promotores a que se incorporen a los planes de vivienda pública con plazos determinantes. El fin social de la propiedad lo cumplen las Administraciones pública obligando a los promotores a cederles gratuitamente el 10% del suelo de su propiedad privada y a vender como mínimo el 30% de las viviendas de sus suelos de propiedad privada a precios limitados (VPO). Los promotores, sin embargo, en muchos desarrollos de sus suelos privados han conveniado con las Administraciones públicas la construcción de hasta el 50% de VPO.
 
CPAR quiere poner de manifiesto, por último, que los promotores ya han ajustando los precios de la vivienda al precio real de construcción, e incluso en muchos casos por debajo de la hipoteca. Tal vez a lo que refiere Javier Granda es que los promotores deben rebajar los sueldos de sus empleados en correlación a la bajada del volumen de sus negocios.
 
El verdadero problema de la vivienda está en la falta de liquidez que sufren las familias y la única manera de atajarlo es que las entidades financieras hagan llegar las cantidades ingentes de dinero público que han recibido de las Administraciones públicas a los ciudadanos y a las empresas.
 
En todo caso, es muy triste que la única propuesta de UGT para afrontar la crisis sea que se le expropien los suelos a los promotores para que UGT constituya cooperativas para vender privadamente VPO a sus afiliados; perjudicando todavía más al resto de los ciudadanos que tendrán mayores dificultades aún para acceder a una vivienda.
 
Si Javier Granda quiere hacer una verdadera política social desde el sindicato que dirige puede proponer que las subvenciones que recibe el aparato sindical se destinen a políticas sociales y, en última instancia, a la concesión de ayudas a parados de larga duración
 
 
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