Federación de Empresas de la Rioja

El Real Decreto-Ley sobre economía y empleo sumergido tiene afán persecutorio y recaudatorio contra los empresarios y no aborda a fondo el problema

Se dirige básicamente a aumentar las inspecciones en empresas y a endurecer las sanciones a las mismas en plena crisis

La FER ha participado esta mañana en la Delegación del Gobierno de La Rioja en una reunión para conocer el Real Decreto-Ley sobre medidas para el control de la economía y el empleo sumergido, que está en vigor. Han asistido a esta reunión el secretario general de la FER, Emilio Abel de la Cruz Ugarte, y el responsable de Asesorías, Pedro José Sáez, por parte de la organización empresarial. Por parte de la Delegación, han acudido el asesor Gustavo Gauthier, y el secretario general de la institución, Javier Iríbas.

En relación con el Real Decreto-Ley,desde la FER se echan de menos cuestiones esenciales no incluidas en esta normativa, sobre todo, si pensamos que cuando hablamos de economía sumergida no sólo estamos hablando de actividades no declaradas por parte de empresarios, sino que existen actividades no declaradas (e incluso ilegales), realizadas por ciudadanos que no son empresarios o autónomos.

Se trasluce en la nueva normativa que el Gobierno central un afán persecutorio y recaudatorio de la actividad empresarial, cuando es conocido que las pymes y autónomos riojanos no practican ni la economía sumergida, ni el empleo irregular, -como es entendible y lógico.- y, por tanto, tienen perfectamente legales y dados de alta a sus trabajadores. La economía sumergida se identifica con otro tipo de actividades fraudulentas.

La norma no ha tenido en cuenta cuestiones básicas, como sería la localización de actividades empresariales no declaradas e ilegales, realizadas entre otros, por perceptores de prestaciones (básicamente parados) y por pensionistas.  Tampoco se tiene en cuenta el control de actividades que realizan autónomos que no están en posesión de la titulación o capacitación requerida para ejercer su actividad (es decir, autónomos que no poseen las titulaciones o permisos homologados).

Por otra parte, si con este Real Decreto-Ley se quiere contribuir a mejorar las condiciones laborales de los españoles, no es entendible que en el mismo no se controle que trabajadores desempleados perceptores de prestación, no acepten las ofertas de trabajo de las empresas, y que ello no les suponga ningún tipo de penalización en su prestación de desempleo. Una de las razones por las que no aceptan dichas ofertas de trabajo es porque realizan alguna actividad de economía sumergida, a la vez que cobran la prestación por desempleo.

La FER considera que este Real Decreto-Ley se dirige básicamente a aumentar las inspecciones en empresas y por ende, a endurecer las sanciones a las mismas, cuando consideramos que, en el momento de crisis actual, las empresas están inspeccionadas en exceso por infinidad de estamentos y organismos públicos, a la vez que consideramos, que estas sanciones ya están suficientemente reguladas.

Esta normativa, además, obliga a que los empresarios se conviertan en agentes policiales, que vigilan la actividad de las empresas a las que subcontratan servicios. Esta carga de corresponsabilidad legal, es absolutamente absurda, existiendo un cuerpo de inspectores, que ya vela por el cumplimiento de la normativa ordinaria vigente.

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