Federación de Empresas de la Rioja

CPAR denuncia una estrategia continuada del Gobierno de La Rioja para controlar e intervenir el sector constructor y promotor

La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) quiere denunciar públicamente una estrategia continuada y planificada, orquestada directamente por el Gobierno de La Rioja contra el sector que más empleo y riqueza económica genera en nuestra Comunidad Autónoma.

CPAR quiere poner de manifiesto el absoluto control e intervencionismo que el Gobierno de La Rioja quiere imponer al sector de la construcción y promoción, aun a costa de infringir la legalidad vigente, malgastar los recursos públicos y posicionarse sistemáticamente en contra de lo que prevé el Ministerio de Trabajo.

Así, se está produciendo en el caso de la La Ley y el Reglamento de Subcontratación en el Sector de la Construcción. Son dos instrumentos normativos que el Ministerio de Trabajo tramitó y aprobó con el consenso de la patronal nacional de las empresas constructoras, a la que CPAR pertenece. Dichas normas suponen la introducción de dos medidas fundamentales para seguir trabajando en beneficio de la prevención de riesgos laborales: el libro de subcontratación y el registro de empresas acreditadas.

Tanto el libro de subcontratación como el registro de empresas acreditadas son instrumentos que el empresario debe incorporar en su actividad empresarial diaria y que, en consecuencia, el Ministerio de Trabajo ha desarrollado las herramientas necesarias para una rápida y adecuada implantación en las empresas.

En relación con el libro de subcontratación, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), organización empresarial en la que participa CPAR, acordó con el Ministerio de Trabajo un modelo de libro de subcontratación que tuviera vigencia en toda España. A pesar de ello, el Gobierno de La Rioja, acogiéndose a una previsión normativa prevista para Cataluña, País Vasco y Galicia por sus peculiaridades lingüísticas, decidió editar un libro de subcontratación exclusivo para el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y cobrar casi el doble del importe económico únicamente por poner el sello habilitador en el libro de subcontratación oficial de validez nacional.

Además del innecesario gasto que esto genera para las arcas del Gobierno de La Rioja, esto supone para el sector una desigualdad jurídica injustificada, por lo que CPAR recurrió dicha medida ante los Tribunales de Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja acaba de sentenciar que, con las Resoluciones que aprueban el Libro de subcontratación de La Rioja, el Gobierno de La Rioja ha cometido el exceso de imponer la adquisición obligatoria del libro a la Administración pública riojana. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sentencia que el reglamento que aprueba el libro de subcontratación de La Rioja es una disposición viciada de nulidad, puesto que el órgano de que la dictó (la Dirección General de Trabajo) carece manifiestamente de competencia, tampoco siguió el procedimiento de elaboración legalmente establecido y vulnera lo dispuesto en la legislación estatal. Está claro que el Gobierno de La Rioja quiere controlar e intervenir al sector de la construcción a toda costa, incluso vulnerando la ley.

Por otra parte, en desarrollo de la Ley de subcontratación, el Gobierno de La Rioja ha anunciado a bombo y platillo que ha creado el registro de empresas acreditadas. Se trata de una medida que, aunque bien recibida, entendemos que podría haber estado operativa mucho antes y, por lo tanto, tener una mayor eficacia en la lucha contra la siniestralidad laboral.

El Gobierno de La Rioja hace público que ha terminado de desarrollar el programa informático del registro de empresas acreditadas. Un programa informático que ha desarrollado sin contar para nada con el sector de la construcción y, lo que aún es más grave, de espaldas a los dictados del Ministerio de Trabajo.

Si el Gobierno realmente se preocupara por la prevención de riesgos laborales habría trabajado en sintonía tanto con el Ministerio de Trabajo como con el sector de la construcción. De esta manera, el registro de empresas acreditadas no sólo estaría funcionando ya desde hace meses, sino que se habría desarrollado un programa informático prácticamente sin fallos, al haber trabajado en su aplicación con los directamente interesados: los empresarios del sector. Lo único que pretende el Gobierno de La Rioja es continuar controlando al sector.

La puesta en marcha de este registro va a acarrear un proceso burocrático lento de toma de contacto con un programa informático y un procedimiento absolutamente desconocido por los empresarios que, unido a una avalancha de solicitudes, probablemente colapsarán a los funcionarios que estén encargados de la inscripción de las empresas en este registro.

Además, CPAR quiere poner de manifiesto que el empecinamiento de la Consejería de Industria y Empleo, especialmente de su Dirección General de Empleo, de trabajar de espaldas al Ministerio de Trabajo ha supuesto un gasto innecesario de recursos públicos. El Gobierno de La Rioja podría haber instaurado en nuestra Comunidad Autónoma el programa informático ya desarrollado por el Ministerio de Trabajo, ahorrándose una gran cantidad de dinero y agilizando la puesta en marcha de un registro que desde el sector se viene demandando desde la entrada en vigor de la Ley de subcontratación en el año 2006. Actuaciones como ésta echan por tierra cualquier pretendida medida de control del gasto público.

La actuación del Gobierno de La Rioja indica, una vez más, que está empeñado en controlar e intervenir absolutamente el sector de la construcción, aun a costa de incurrir en un gasto público innecesario y de aplazar la puesta en marcha de medidas que el sector reclama como propias para fomentar la prevención de riesgos laborales en las empresas de construcción.

Con estas mimbres, el Consejero competente en la materia debería entonar el mea culpa por la lamentable actuación de la Dirección General de Empleo en todo lo referente a la Ley de Subcontratación, y depurar las responsabilidades políticas correspondientes.

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