Federación de Empresas de la Rioja

Los nuevos decretos del Gobierno aumentan la inseguridad jurídica y las cargas burocráticas de las pequeñas y medianas empresas

Los nuevos decretos  del Gobierno aumentan la inseguridad jurídica y las cargas burocráticas de las pequeñas y medianas empresas

El marco de la negociación colectiva es la vía adecuada para acordar las medidas de carácter laboral

La adaptación de las pymes y autónomos a los registros horario y salarial será otra carga administrativa para las pymes, y está llena de incertidumbres, al desconocerse  si se convalidarán en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de España ha establecido nuevas cargas burocráticas y administrativas para las pequeñas empresas y autónomos,  utilizando la figura de los Real Decreto-ley y saltándose a la torera la negociación y el acuerdo en estas materias: planes de igualdad, registro de la jornada laboral y registro salarial.

Esta situación produce en la actividad empresarial una intolerable inseguridad jurídica e incertidumbre, los dos principales problemas que hay que evitar sino se quiere perjudicar el crecimiento económico y la generación de empleo, ya que se desconoce si finalmente serán convalidadas en el Congreso, a pesar de fijan plazos breves de adaptación.

El Real Decreto-ley publicado en el BOE el pasado 7 de marzo establece nuevas cargas burocráticas y administrativas para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas en materia de planes de igualdad y registros salariales.

La nueva normativa obliga a las compañías a fijar registros con los valores de los salarios, a desarrollar planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores y a inscribir dichos planes en los registros de planes de igualdad, a desarrollar auditorías y otros aspectos.

Todo ello implica  costes y cargas añadidas a las que ya tienen.

Estas medidas además han ido mucho más lejos que lo requerido en este ámbito en los países más desarrollados de nuestro entorno, que lo circunscriben a empresas de más de 250 trabajadores, con lo cual nuestras empresas vuelven a tener que soportar más cargas burocráticas que se traducen en nuevos costes, que nuestros competidores europeos.

La FER defiende la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero considera que las medidas necesarias deben acordarse en el marco de la negociación colectiva y con el acuerdo de los representantes empresariales y laborales, y no a través de nuevas cargas burocráticas para las empresas.

Un asunto de tanta transcendencia como la igualdad en el empleo no debe resolverse por medio de decretos, sino con medidas consensuadas, analizando la situación de cada sector cuya realidad es diferente.

Además, el decreto impone estas cargas a las empresas más pequeñas, aquellas que tienen menos capacidad y recursos para cumplir  con estas nuevas normas, para las cuales este implican tiempo y costes añadidos a la actividad propia de las empresas difícilmente asumibles.

Lo  mismo sucede con la normativa aprobada recientemente en Consejo de Ministros, que obliga  a las pymes y a los autónomos a establecer un registro de la jornada laboral, que necesitará una nueva adaptación en muy poco tiempo, a pesar de que se desconoce si se convalidará en el Congreso. Una nueva medida en contra de la mejora de la competitividad de nuestras empresas.

El Gobierno de España a través de estos Reales Decreto-ley está trasladando a la actividad empresarial cargas, inseguridad jurídica, incertidumbre y sanciones.

El Gobierno deja por los suelos la importancia y la necesidad de la negociación colectiva y del acuerdo en estos temas, que es el mejor marco posible para que cualquier medida establecida sea factible y pueda llevarse a cabo.

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