10/11/2005
Valencia.- Prisión para un empresario por falta de seguridad pese a que no hubo accidente
Sólo la «experiencia» y el «azar» permitió a los trabajadores de una empresa de chapa y madera ubicada esquivar un accidente laboral. Se le le recuerda que llevaba años ignorando las más eleme
Valencia.- Prisión para un empresario por falta de seguridad pese a que no hubo accidente - 10/11/2005
Sólo la alianza entre la «experiencia» y el «azar» permitió a los trabajadores de una empresa de chapa y madera ubicada en Quart de Poblet esquivar un accidente laboral en el que podrían haber perdido algún miembro (por amputación) o la misma vida. Asfixiado por las dificultades económicas y por la presión de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía, el empresario Rafael García Barrio decidió echar el cierre en agosto y enviar al paro a sus once trabajadores. Pero el titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia cree que ha estado demasiados años tentando a la suerte, «poniendo en peligro grave la vida» de sus empleados, ignorando sus quejas y la legislación laboral. Por eso le condena a once meses de prisión por un delito contra la salud de los trabajadores pese a que nunca llegó a producirse el accidente.
Fueron los propios trabajadores quienes, hartos de su situación, recurrieron a la Inspección de Trabajo, que en su primera visita, el 23 de octubre de 2003, apreció graves deficiencias: el sistema de frenado de las máquinas planas estaba averiado y seguían realizando cortes antes de detenerse; las partes móviles de las citadas máquinas carecían de protección; los puentes grúa que se utilizan para trasladar troncos de grandes dimensiones por la nave industrial tampoco se detenían de inmediato; las señales luminosas y acústicas de la carretilla automotora estaban estropeadas, y, a veces, la visibilidad en la nave era nula hasta el punto de que los trabajadores se veían obligados a detener la actividad porque la salida de humos de la caldera también estaba mal.
Seguridad por 96 euros
Trabajo ordenó subsanar estas deficiencias con «celeridad», pero un año después los inspectores comprobaron que el empresario no se había dado por aludido. Recurrieron entonces a la Fiscalía, que el 13 de diciembre de 2004 brindó al ahora condenado una nueva oportunidad de regularizar la situación. Cuatro meses después nada había cambiado. Se inició entonces el procedimiento penal, que se cierra con una sentencia sin apenas precedentes, en la que el magistrado, Lamberto Juan Rodríguez, recuerda que es el empresario el que debe «proteger al trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales» y considera «inadmisible» que fueran los trabajadores los que tuviera que «extremar las precauciones». En el juicio, el empresario reconoció las deficiencias, dijo que no era consciente del peligro al que exponía a sus empleados y explicó que no había podido subsanar la falta de seguridad por las dificultades económicas.
El magistrado desprecia esas excusas: le recuerda que llevaba años ignorando las más elementales medidas de seguridad y que hubiera bastado una inversión de 96 euros para colocar unas células fotoeléctricas que detuvieran las máquinas para evitar la amputación ante la invasión de algún miembro corporal de quien las maneja. Le impone además una multa de 4.800 euros porque, aunque cerró la empresa, conserva el inmueble, vive en un chalé, vendió una casa en una céntrica calle de Valencia y «no parece estar en la indigencia». Los trabajadores perdieron el empleo. Encontrarán muchas puertas del mercado laboral cerradas: rondan los cincuenta años.
Fuente de los datos: ABC
Sólo la alianza entre la «experiencia» y el «azar» permitió a los trabajadores de una empresa de chapa y madera ubicada en Quart de Poblet esquivar un accidente laboral en el que podrían haber perdido algún miembro (por amputación) o la misma vida. Asfixiado por las dificultades económicas y por la presión de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía, el empresario Rafael García Barrio decidió echar el cierre en agosto y enviar al paro a sus once trabajadores. Pero el titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia cree que ha estado demasiados años tentando a la suerte, «poniendo en peligro grave la vida» de sus empleados, ignorando sus quejas y la legislación laboral. Por eso le condena a once meses de prisión por un delito contra la salud de los trabajadores pese a que nunca llegó a producirse el accidente.
Fueron los propios trabajadores quienes, hartos de su situación, recurrieron a la Inspección de Trabajo, que en su primera visita, el 23 de octubre de 2003, apreció graves deficiencias: el sistema de frenado de las máquinas planas estaba averiado y seguían realizando cortes antes de detenerse; las partes móviles de las citadas máquinas carecían de protección; los puentes grúa que se utilizan para trasladar troncos de grandes dimensiones por la nave industrial tampoco se detenían de inmediato; las señales luminosas y acústicas de la carretilla automotora estaban estropeadas, y, a veces, la visibilidad en la nave era nula hasta el punto de que los trabajadores se veían obligados a detener la actividad porque la salida de humos de la caldera también estaba mal.
Seguridad por 96 euros
Trabajo ordenó subsanar estas deficiencias con «celeridad», pero un año después los inspectores comprobaron que el empresario no se había dado por aludido. Recurrieron entonces a la Fiscalía, que el 13 de diciembre de 2004 brindó al ahora condenado una nueva oportunidad de regularizar la situación. Cuatro meses después nada había cambiado. Se inició entonces el procedimiento penal, que se cierra con una sentencia sin apenas precedentes, en la que el magistrado, Lamberto Juan Rodríguez, recuerda que es el empresario el que debe «proteger al trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales» y considera «inadmisible» que fueran los trabajadores los que tuviera que «extremar las precauciones». En el juicio, el empresario reconoció las deficiencias, dijo que no era consciente del peligro al que exponía a sus empleados y explicó que no había podido subsanar la falta de seguridad por las dificultades económicas.
El magistrado desprecia esas excusas: le recuerda que llevaba años ignorando las más elementales medidas de seguridad y que hubiera bastado una inversión de 96 euros para colocar unas células fotoeléctricas que detuvieran las máquinas para evitar la amputación ante la invasión de algún miembro corporal de quien las maneja. Le impone además una multa de 4.800 euros porque, aunque cerró la empresa, conserva el inmueble, vive en un chalé, vendió una casa en una céntrica calle de Valencia y «no parece estar en la indigencia». Los trabajadores perdieron el empleo. Encontrarán muchas puertas del mercado laboral cerradas: rondan los cincuenta años.
Fuente de los datos: ABC
